El Consejo de Ministros ha dado un paso significativo en la regulación de la inteligencia artificial (IA) al aprobar un proyecto de Ley Orgánica que busca garantizar su uso responsable y una supervisión adecuada en el sector público estatal. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se enviará al Congreso de los Diputados para su discusión.
El nuevo marco legal establece la creación de un inventario que recopilará los sistemas de IA empleados en procedimientos administrativos, asegurando así un control más eficaz sobre su implementación. Este avance se basa en la experiencia positiva del Sandbox de IA, que permitió a España adelantarse a las exigencias europeas en materia de regulación.
Un marco regulatorio adaptado
La ley adapta el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (RIA), que entrará en vigor en agosto de 2024, proporcionando a España una herramienta para asegurar una supervisión humana y un uso confiable de estas tecnologías. En una rueda de prensa, el ministro Óscar López destacó que esta legislación refuerza el papel de España como líder global en la construcción de una IA ética y humanista.
López subrayó que “España es un país líder mundial tanto en el desarrollo como en la regulación de la IA”, citando estudios relevantes que respaldan esta afirmación. El ministro también mencionó que el país alberga dos fábricas dedicadas a la IA dentro de la Unión Europea y está comprometido con un modelo ético en este ámbito.
Compromiso con la seguridad digital
La nueva normativa responde a los compromisos del Gobierno para mejorar la seguridad en entornos digitales. La ley exige responsabilidad a quienes implementen sistemas prohibidos por la UE y establece medidas para garantizar la supervisión humana cuando se puedan ver afectados derechos fundamentales. Además, promueve la transparencia algorítmica e incluye protecciones específicas para menores.
Entre sus disposiciones, el proyecto identifica los organismos encargados de supervisar el cumplimiento del Reglamento de IA y detalla un régimen sancionador. También introduce nuevas premisas para fomentar el uso responsable de la IA en el sector público estatal.
Estructura organizativa y sanciones
La ley contempla un marco organizativo mediante la designación de autoridades responsables del cumplimiento normativo. Los productos ya regulados por otras normativas mantendrán sus respectivas autoridades notificantes, mientras que otros sistemas no regulados serán supervisados principalmente por la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA).
En cuanto al régimen sancionador, se establece un sistema basado en principios de proporcionalidad y eficacia, donde las infracciones se clasificarán según su gravedad. Las sanciones pueden llegar hasta 35 millones de euros o hasta el 7% del volumen de negocio en los casos más graves.
Impulso al buen uso y entornos controlados
Una aportación clave del proyecto es promover el buen uso de la IA en el sector público estatal mediante un inventario detallado y designando delegados específicos para coordinar su aplicación normativa. Esto responde a solicitudes recibidas durante audiencias públicas previas a la redacción del texto.
A pesar del establecimiento previo del entorno controlado para pruebas por parte del Ministerio, esta ley formaliza cómo se gestionarán estos espacios innovadores. Se reconoce así la necesidad de fomentar avances tecnológicos dentro de marcos seguros, permitiendo además que se creen sandboxes adicionales bajo ciertas condiciones.
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